La conexión del biometano producido en La Curiscada con la red de gas de Salas ha dado un paso administrativo importante. NED España Distribución Gas tramita la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de una infraestructura que enlazará las futuras instalaciones de biometanización de Edison Next en Tineo con la red de alta presión existente en el polígono de El Zarrín, en Salas.
El proyecto ronda los siete kilómetros. El BOPA concreta 6.156 metros en el concejo de Tineo y 770 en Salas, con un presupuesto de 2.630.082,97 euros. La instalación incluye además un módulo que comprobará la calidad del gas, regulará la presión, medirá el caudal y realizará la odorización antes de su entrada en la red.
NED España Distribución Gas es quien promueve y tramita el gasoducto y el módulo de inyección. Sin embargo, la normativa del sector establece que los costes de conexión de una planta de gases renovables corresponden al productor solicitante. En este caso, la planta productora de biometano es la promovida por Edison Next en La Curiscada. La documentación pública consultada no detalla todavía el reparto económico concreto entre ambas compañías ni recoge una subvención específica del Principado destinada a sufragar esta obra.
Es un gas renovable obtenido al depurar biogás —producido a partir de materia orgánica— hasta alcanzar una calidad compatible con la red de gas natural. Ese proceso de depuración se conoce como upgrading.
La consecuencia más relevante para Tineo es que el proyecto no se limita a sacar gas de La Curiscada: la documentación oficial afirma que la actuación permitirá también desplegar red de distribución en el municipio. Eso abre la puerta a que el polígono disponga de infraestructura gasista canalizada, aunque el alcance concreto de futuros suministros dependerá de proyectos posteriores.
La petición de declaración de utilidad pública implica además afecciones sobre fincas del trazado: servidumbres subterráneas de paso y ocupaciones temporales durante la obra. El expediente pasó por información pública y por evaluación ambiental simplificada durante el verano de 2026. La autorización administrativa del Principado no equivale, por sí sola, a financiación pública de la infraestructura.