El futuro energético del suroccidente asturiano tiene una adjudicación relevante y varias cifras que conviene leer con cuidado. El Ministerio para la Transición Ecológica resolvió el 29 de julio de 2026 el concurso de transición justa del Nudo Narcea, de 400 kV, a favor de La Barca Energía. El objetivo es desarrollar una central hidroeléctrica reversible de 320 MW.
La adjudicación incorpora compromisos de inversión superior a 400 millones de euros, creación de hasta 289 puestos de trabajo asociados al conjunto del proyecto y otras actividades, y más de 211.000 horas de formación. Son las cifras comunicadas por el Ministerio, pero conviene evitar un equívoco: una adjudicación de capacidad eléctrica no significa que la obra esté terminada, ni siquiera que haya comenzado.
Qué obliga a hacer la empresa
Más de 400 millones € de inversión comprometida.
323 millones € de inversión en la cadena de valor asturiana, según el anuncio ministerial.
Hasta 289 empleos vinculados a operación, proyectos empresariales y actuaciones ambientales durante al menos doce años.
211.585 horas de formación y recualificación.
452 consumidores previstos como beneficiarios de proyectos de autoconsumo.
La cifra de empleo no debe presentarse como 289 contrataciones inmediatas para trabajar dentro de una sola central. El Ministerio la vincula también al impulso de proyectos empresariales y a intervenciones de conservación de fauna y flora. Expresa, asimismo, el compromiso como 3.478 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados distribuidos a lo largo del periodo previsto.
Dentro de la inversión anunciada figuran dos millones para conservación y restauración de ecosistemas y otro millón para economía circular. La adjudicataria también compromete 4,4 MW de autoconsumo, dirigidos a beneficiar a 452 consumidores. El Ministerio señala una garantía de 38,4 millones de euros ligada a los compromisos de la adjudicación.
Las preguntas decisivas para el territorio
La gran incógnita no es ya quién ganó el concurso, sino cómo se materializará: dónde se ejecutará exactamente la infraestructura, qué trámites ambientales deberá superar, cuándo comenzarán las obras y qué parte del empleo y los contratos llegará realmente a los municipios de su entorno.
La infraestructura deberá obtener las autorizaciones ambientales y administrativas correspondientes. Por eso resulta esencial distinguir entre capacidad adjudicada, inversión prometida y empleo acreditado.