El futuro del poblado de Soto de la Barca vuelve a abrir un enfrentamiento político en Tineo, pero también deja sobre la mesa un cambio de rumbo. Después de que el proyecto de viviendas colaborativas perdiera la financiación de 3,5 millones de euros concedida por el Instituto para la Transición Justa, el equipo de gobierno municipal reconoce que contempla una posible venta del conjunto si aparece una iniciativa viable y compatible con las condiciones de la cesión de Naturgy. La cuestión volvió al Pleno del pasado 1 de octubre, a raíz de las preguntas formuladas por la portavoz del PSOE, Araceli Herrero, y de las respuestas del concejal Pablo Fernández y de la alcaldesa, Montserrat Fernández.
Herrero defendió que, aunque la cesión del antiguo poblado al municipio pudiera considerarse un regalo envenenado por las dificultades que lleva aparejadas, sigue siendo un patrimonio con posibilidades que no debería quedar sin aprovechamiento. La socialista atribuyó al gobierno municipal fallos en la tramitación que desembocaron en la pérdida de la subvención y planteó que, frustrado el cohousing original, habría sido necesario explorar otras soluciones. Preguntó expresamente por qué no se había recurrido a otra empresa para sacar adelante los trabajos técnicos pendientes.
La respuesta del PP fue más allá de los retrasos. Pablo Fernández explicó que su grupo nunca había confiado en el planteamiento inicial, impulsado durante el anterior mandato socialista, aunque asumió su gestión al llegar al gobierno. A su juicio, la iniciativa presentaba deficiencias de partida y no encajaba adecuadamente en las exigencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el que se financiaba la ayuda europea. El concejal aseguró haber contrastado el expediente con personal vinculado a este tipo de programas, incluidos especialistas con experiencia en proyectos del País Vasco, y sostuvo que otra dimensión y una configuración distinta habrían facilitado su ejecución.
Fernández añadió que la empresa contratada para adaptar una parte del proyecto no llegó a presentar la documentación, pese a los requerimientos realizados desde el Ayuntamiento. Esa explicación sitúa una cuestión concreta en el centro del fracaso de la actuación: qué trabajos se encargaron, qué obligaciones y plazos tenían las adjudicatarias y cómo concluyó realmente cada contrato.
Dos encargos en 2024 y una subvención que no llegó a convertirse en obras
La documentación de contratación permite completar una parte de esa secuencia. El 20 de mayo de 2024, el Ayuntamiento adjudicó dos contratos menores vinculados a Soto de la Barca: uno para completar y actualizar el proyecto de edificación, por 18.029 euros, IVA incluido, a F5 Work and Projects SLP; y otro para la redacción del proyecto de urbanización, por 17.182 euros, IVA incluido, a Asturiana de Ingeniería Civil y Energética SL (INCENERSA). Ambos aparecían con un plazo de ejecución de un mes. Los importes adjudicados sumaban 35.211 euros. Las publicaciones de adjudicación acreditan los encargos y sus condiciones básicas, pero no permiten determinar por sí solas qué documentos se entregaron, si se abonaron las prestaciones ni cómo se resolvieron las incidencias posteriores.
La pérdida de los fondos se hizo pública en octubre de 2025, cuando se informó de que el Ayuntamiento debía devolver los 3,5 millones de euros ligados a la actuación. El gobierno local vinculó entonces el desenlace a los problemas de tramitación y a la falta de entrega del proyecto de urbanización en el plazo requerido. En el Pleno de este octubre, el concejal popular insistió además en la existencia de problemas anteriores a esos incumplimientos, relacionados con la propia formulación de la solicitud.
El contraste documental incorpora, sin embargo, otro dato relevante: en febrero de 2023 el Principado anunció que Soto de la Barca había sido el proyecto mejor valorado de España en su categoría dentro de aquella convocatoria del Instituto para la Transición Justa. La valoración favorable de una solicitud y los obstáculos para ejecutar después sus obras son fases distintas de un expediente; el reconocimiento inicial no resuelve las deficiencias denunciadas ahora, pero tampoco permite dar por probado, sin documentación adicional, que la candidatura fuera inviable desde su nacimiento.
El diseño original procedía de SOGEPSA y había sido financiado por Naturgy en virtud del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento en 2022. Preveía rehabilitar en una primera fase 14 viviendas unifamiliares, junto con zonas verdes y equipamientos comunes, para desarrollar un modelo de vivienda colaborativa gestionado por una cooperativa sin ánimo de lucro. La iniciativa pretendía dar una nueva utilidad a parte del antiguo conjunto residencial levantado para los trabajadores de la central térmica del Narcea.
Interesados en el poblado, pero sin una propiedad regularizada
La alcaldesa fue explícita sobre su posición: tampoco ella creyó nunca en aquel modelo de cohousing. Tanto Montserrat Fernández como Pablo Fernández señalaron que el Ayuntamiento ha mantenido numerosas reuniones con Naturgy para resolver los asuntos pendientes de la cesión. Según expusieron, la segregación de los terrenos y la formalización de la titularidad municipal continúan siendo un obstáculo. Es precisamente una de las primeras cuestiones que plantean las personas y empresas que, de acuerdo con el gobierno local, se interesan por el complejo.
La situación presenta un matiz documental. En un informe de seguimiento publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica en abril de 2025 se recogía que se habían realizado los trámites necesarios para segregar los terrenos y elevar la donación a escritura pública. El texto, sin embargo, no acredita que la escritura de donación y la inscripción de la titularidad estuvieran ya definitivamente formalizadas. La ausencia de una situación dominical clara es, según lo señalado ahora en el Pleno, uno de los factores que impide avanzar con posibles promotores.
El otro obstáculo es conocer qué actividades pueden implantarse legalmente. El gobierno afirma que recibe llamadas frecuentes de interesados en el espacio, pero que estos piden información sobre las escrituras y los usos autorizados antes de comprometer una inversión. Entre las alternativas comentadas aparece la posibilidad de destinar parte del poblado a una residencia o equipamiento asistencial. El equipo de gobierno no considera aprovechable, en su estado actual, el edificio de la antigua residencia.
La venta del poblado no está decidida ni existe un precio anunciado. La alcaldesa y el concejal aludieron a referencias catastrales y valoraciones oficiales para una eventual tasación, sin concretar una cifra. Además, la cesión realizada por Naturgy estaba vinculada a fines sociales, una circunstancia que obliga a examinar el convenio y el régimen jurídico de los bienes antes de determinar qué operaciones serían posibles. El interés de empresas o particulares no equivale, de momento, a una oferta firme ni a una transmisión acordada.
De un proyecto público de vivienda colaborativa con 3,5 millones de financiación estatal se ha pasado a explorar usos alternativos, incluida una eventual venta para desarrollar una actividad social. El Ayuntamiento sostiene que existen interesados, pero el destino del poblado sigue condicionado por los títulos de propiedad, las limitaciones de uso y la viabilidad económica de cualquier iniciativa.
Con el cohousing descartado en su formulación original y la ayuda perdida, el debate municipal se desplaza ahora a dos cuestiones: quién puede disponer jurídicamente del poblado y qué actividad concreta puede instalarse allí. El PSOE reclama que no se desaproveche la cesión; el PP defiende no comprometer al Ayuntamiento con un proyecto que considera inadecuado. Entre ambas posiciones, el conjunto de Soto de la Barca continúa sin un destino cerrado.